Los niños y niñas con con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y psicosociales todavía se encuentran con dificultades a la hora de acceder a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio desarrollado en diez países europeos, incluida España.
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