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Aimar es un niño de 14 años, que sufre parálisis cerebral que le hace usuario de sillas de ruedasy con una discapacidad del 99 %.
Vive en Tordesillas y estaba yendo a clase escolarizado como cualquier chico de su edad, pero antes de las vacaciones sufrió una crisis respiratoria por la que tuvo que ser atendido por personal que controlase el oxigeno que necesitaba, hecho por el cual hace ya 5 meses que no puede asistir a clase
Su neumóloga emitió un informe explicando al colegio las necesidades de Aimar y solicitando por ello la inclusión de personal médico en el colegio, que pudiera atender ya no solo a él, sino a todo niño que lo necesitase en un momento dado.
En el informe de su medica se expone claramente “se considera necesario que el niño esté escolarizado en un colegio con personal de enfermería acostumbrado al manejo de este tipo de patología.
Es necesario un control de su saturación de oxígeno y decisiones que requieren inmediatez en cuanto a la cantidad de oxígeno que debe recibir, broncodilatadores, alimentación o asistencia urgente hospitalaria»
Pero la Delegación Provisional de Educación se niega a contratar a la enfermera para el colegio donde está el niño, a pesar de que hay otros 3 niños escolarizados en él y también con discapacidad, y la única solución que dan la delegación es que Aimar sea escolarizado en un centro a 30 kilómetros de su casa en Valladolid, en un centro de educación especial.
Pero remedios, madre del niño, rechaza esta opción ya que ella cree que la situación es debida a vivir en una zona rural, donde no tienen centros con las necesidades que requiere su hijo, pero sin embargo si existen en otras localidades de su provincia.
En Tordesillas no cuenta con centros escolares habilitados para menores con discapacidad, por eso las clases que reciben estos niños se imparten en aulas denominadas «sustitutivas» de centros de educación especial, donde en las horas de clase reciben apoyo de profesionales de pedagogía terapéutica, fisioterapia o audición y lenguaje.
La madre de Aimar y el Gobierno de Castilla y León llevan cinco meses sin ponerse de acuerdo, una situación que ha dejado al joven sin salir de casa y sin tener acceso a unos apoyos educativos. «Me indigna que ni tan siquiera me denuncien por no llevar a mi hijo al colegio, como harían con cualquier otro padre con un niño en edad escolar. De hecho, solo se han empezado a movilizar cuando hemos organizado protestas y los medios de Valladolid se han hecho eco», añade Remedios.
Madre e hijo no se pueden comunicar de forma oral, ya que la discapacidad que sufre el joven no le permite expresarse. Pero Remedios asegura que a través de gestos y sonrisas sabe cómo se siente su hijo
Remedios defiende este tipo de educación pública, considera que «prestan un gran servicio» al garantizar que su hijo haya recibido una «educación pública e inclusiva».
Sostiene que la petición de la contratación de una enfermera está amparada por la Ley 2/2013 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: «La escolarización del alumnado con discapacidad se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo», apunta la normativa.
Por eso, el Gobierno regional incide en otras dos opciones que han propuesto a la madre para que su hijo siga estudiando en Tordesillas. La primera consiste en que Aimar reciba en casa cuatro horas semanales de atención educativa domiciliaria, una formación que según la Delegación se ofrece «por razón de enfermedad crónica». La segunda, la «posibilidad de formar al personal que atiende a Aimar de manera directa».
Remedios rechaza la primera al considerar que su hijo «no tiene una enfermedad, tiene un discapacidad». La segunda la ha desestimado apoyándose en la recomendación hecha por el servicio de Neumología Infantil del Hospital Universitario de Salamanca. Y mientras su madre y el Gobierno de Castilla y León siguen sin llegar a un acuerdo, Aimar está en su casa esperando a que llegue una solución.
