Orleana de Miguel Portavoz de Ciudadanos, dio a conocer en la comisión para la política integrales de la Discapacidad en el congreso de los diputados, la desigualdad que van a sufrir en las próximas votaciones más de 80.000 personas a las que se les niega el derecho a voto debido a sufrir una discapacidad intelectual, enfermedad mental o un deterioro cognitivo, produciéndose así una vulneración contra las personas e incluso en contra del sistema democrático, ya que la participación en la vida política, en una democracia, es uno de los máximos y más importantes ejercicios de ciudadanía.
De Miguel recuerda que la falta del derecho de sufragio universa, impide poder adherirse a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por ello cree que la petición del Ceremi de que se respete el derecho al voto “está totalmente en línea con el artículo 29 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde, en síntesis, se reconocen los derechos políticos de las personas con discapacidad”. Asegura estar de acuerdo con la exigencia de que «se cumpla la petición del CERMI para reforzar la Comisión de Discapacidad del Congreso y se le dote de carácter legislativo para que pueda tramitar leyes»
Asegura que tanto su partido como ella, no pararan hasta lograr su objetivo que no es otro que lograr la adecuación y aplicación de las recomendaciones recogidas en la Convención de la ONU sobre discapacidad, haciendo especial hincapié en la política destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, el ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso a la igualdad de las condiciones a los servicios públicos.
En cuanto a la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, van a intentar mediante todas las formas posibles que se cumpla la ley de cuota de reserva de empleo para este colectivo de personas e impulsar el empleo ordinario en ellos y no solo en los centros especiales de empleo e insiste en el emprendimiento de las personas con discapacidad, la formación para el empleo y la sensibilización hacia las organizaciones empresariales para la contratación de las personas con discapacidad.
Por otro lado declara que “una vez reconocidos derechos como los que se incluyen en la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, no es aceptable que queden en papel mojado por falta de previsión en su financiación”, por lo que subraya que “en nuestro programa de reformas recogemos la garantía presupuestaria de los derechos sociales dentro de la Constitución”, por lo que pide «voluntad política para conseguir acuerdos firmes y duraderos para que las políticas de accesibilidad, y otras que atañen a la igualdad de oportunidades, sean transversales en la sociedad y no dependan del gobierno de turno o de que vaya mejor o peor la economía».
Por último destaca la importancia que tiene el trabajo conjunto con la discapacidad y recuerda que mantuvo recientemente un encuentro con la Confederación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), y les traslado la necesidad de realizar un registro estatal de datos para poder mejorar los programas de detección precoz de la sordera y poder disponer de datos epidemiológicos y de incidencia del problema en la población infantil para mejorar la prevención, el propio proceso de detección, el diagnóstico, y los tratamientos a aplicar.