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El Cermi explica en un comunicado que a diferencia de la Unión Europea «y de otros países más avanzados en una gobernanza de calidad, España carece de normativa sobre los grupos de presión o interés, que son aquellas estructuras organizadas que tratan de influir o incidir sobre los decisores políticos o administrativos para ver satisfechas sus demandas o aspiraciones».
A juicio del Comité, no puede diferirse más la aprobación de una regulación legal de los grupos de interés, que exija su inscripción en un registro público, señale un campo de actuación lícito en relación con los poderes públicos y obligue a la transparencia de sus demandas, actividades y gestiones.
Según el Cermi, «el buen gobierno no sólo vincula a los poderes públicos estrictamente considerados, sino que debe extenderse a aquellas estructuras sociales que tienen como objeto influir. Los fines han de ser siempre legítimos: los únicos admisibles en los responsables políticos y administrativos».
Hasta el momento, en el ámbito de la Administración General del Estado, sólo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por decisión propia, creó un registro de grupos de interés en el que el Cermi, en representación de la discapacidad organizada, se inscribió desde el primer momento.
