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El comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU ha admitido a trasmite la denuncia de Jordi contra España por discriminación.
Jordi es bueno era antes del accidente guardia civil en Girones de Figueres donde en 2008 haciendo su trabajo fue atropellado por un conductor borracho que circulaba en una moto, produciéndole unos daños que le provocan la incapacidad permanente total para hacer su profesión de manera habitual, pero la resolución del tribunal médico expone que puede ejercer otras actividades dentro de la misma empresa, pero el ayuntamiento prefiere la vía rápida y le obligan a jubilarse cuando él no quiere ya que está apto para seguir ejerciendo su profesión como bien pone en la resolución.
Su lucha para la readmisión con unas nuevas actividades ha llegado hasta la ONU, siendo así la 2º denuncia que cursan, la 1º fue en octubre por Vicente Flores agente local de Barcelona. Jordi asegura que el marco legal que le ampara es inmenso, desde normativas que protegen casos como el suyo, la ley 1991 de la Policía Local de Cataluña hasta la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2007 y ratificada por España en 2008, junto con la regulación y el reconocimiento de la segunda actividad por parte de la S.S. desde el 2.000.
Pero la realidad actual es que con 40 años y 17 en el cuerpo, se ha quedado sin trabajo debido a un accidente, aunque principalmente por incomprensión del ayuntamiento de que pueda realizar otras actividades, lo cual choca y mucho con el reglamento que tienen en la localidad sobre segundas actividades, aunque también reconoce que dicho reglamento hace 25 años que no se toca por lo que esta anticuado, pero últimamente cada consistorio regula el asunto mediante un reglamento que en muchos municipios no se he llegado a desarrollar, como es el caso actual de Figueres, ya que desde 2007 que gobierna CIU, no habían aprobado nada hasta hace un año, pero que al hacerlo sin carácter retroactivo Jordi no se puede beneficiar de ello.
«Cuando pasó lo mío pedí que se regulara y que mientras se hacía me dieran una plaza temporal adecuada pero me echaron a la calle», por lo que su primera medida fue acudir al síndic municipal de greuges, figura equivalente al defensor del pueblo, quien le dio la razón, pero el Consistorio no cambió de actitud y ahí comenzó un periplo judicial lleno de obstáculos.
Mientras Ángel Gómez Quintero presidente de la Asociacion para la Integración Laboral de Mossos de Esquadra con discapacidad (ALIMED), ha manifestado que las sentencias en el caso de Jordi están siendo penosas, ya que se le está aplicando una ley derogada, se le aplico la ley de funcionarios de la Administración local y se determinó que al pertenecer a las clases pasivas del Estado se le jubilaba, pero no se le tuvo en cuenta que los funcionarios de la Administración local pertenecen al régimen general de la Seguridad Social desde 1993, no tienen nada que ver con las clases pasivas, y no se le podía jubilar porque el régimen general no permite esa figura», explica.
También ha criticado que la inexistencia del reglamento ha servido como argumento para fallar contra Jordi, cuando hay sentencias de mossos en la que aunque tampoco había un reglamento claro, el tribunal estableció que no se podía supeditar la aplicación de la ley al reglamento, por lo que la convención de la ONU está por encima de cualquier norma y de cualquier ley», agrega y por ello, tras llegar sin éxito incluso hasta el Tribunal Constitucional, han acudido al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La reclamación se presenta contra España como país firmante.
Durante todo este proceso el ayuntamiento no ha dicho nada, de hecho según cuenta Angel en 2014 el CERMI elaboró un documento que puso de relieve las infracciones en Figueres, entonces la alcaldesa encargó un informe a los técnicos y el resumen fue que el CERMI se equivocaba y que allí no se vulnera a nadie».
Jordi asegura que le dijeron que ya no servía para lo que le habían contratado, por lo que ya no tenían ninguna responsabilidad conmigo y que les dejase en paz y viviese con la pensión que me dan por tener 55% de minusvalía debido a las secuelas del atropello, dinero que se va solo con mi mantenimiento, cuando tengo una hija de 13 años y no tengo derecho a las ayudas de la dependencia.
Antes del accidente en casa se vivía con los 2 sueldos, el de su mujer y el suyo, pero desde que paso solo pueden vivir con el de su mujer, ya que la pensión se va integra en los gastos que Jordi necesita como una silla de ruedas y diversos tratamientos, debido a la lesión que le provocaron en la columna vertebral, aparte de haber tenido que aprender a adoptar su vida a esta situación y también dejarse un dinero en adaptar el coche.
Solo en casa puede moverse con ayuda de unos bastones o muletas y apoyándose en los muebles y no con mucha seguridad, por lo que es el primero en ser consciente de que ya no puede ejercer su especialidad como investigador y reconstructor de siniestros viales pero se muestra plenamente capacitado para desempeñar otras tareas, por ejemplo, como miembro de la oficina de atención a las víctimas de estos sucesos.
De hecho, Jordi es actualmente voluntario de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT) y da charlas sobre seguridad vial tanto en centros educativos como para quienes pierden los puntos del carné de conducir. «Toda esta labor la puedo desarrollar dentro de la Guardia Urbana desde una segunda actividad», Eso y ayudar, acompañar y dar asesoramiento a los afectados: «No es solo el accidente o reclamar, es cogerte el abogado adecuado, los centros de recuperación… Hay muchas cosas en las que puedo orientar a una persona que se queda desorientada.
Cuando yo sufrí esto no sabía nada de la incapacidad permanente, ni de las sillas de ruedas y pensaba que me iba a curar, me vi muy desamparado».
Los casos de Jordi o de Vicente no son los únicos, la Ailmed está pendiente de que la ONU admita a trámite una tercera denuncia, referente a un mosso, y pretende plantear dos más.
Este colectivo considera que la situación es tan preocupante que ha presentado una propuesta de ley ante el Parlamento catalán para que la segunda actividad quede regulada para bomberos, mossos y policías locales. «Que la excusa de la discapacidad no sirva para que te echen del trabajo», reclama Jordi.
