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Por fin la justicia está de parte de unos padres y su hija de 12 años con diversidad funcional, que luchaban por la inclusión de la niña en un colegio público con los correspondientes apoyos educativos, y en el cual lleva escolarizada desde los 4 años.
Los hechos tuvieron lugar en Miguelturra (Ciudad Real).
Todo empezó en marzo del año pasado, cuando varios padres de los compañeros de la niña presionaron con quejas y amenazas al centro y a ella para que se fuera del colegio debido a no encajar en lo que supuestamente es la “normalidad”
Por lo que en Julio la Comisión de Escolarización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla La Mancha decidió que la menor fuera trasladara a un centro educativo especial, hecho que los padres no estaban dispuestos a aceptar, por lo que rápidamente se pusieron en contacto con la Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social (Solcom), que enseguida empezaron a mover papeles para conseguir su objetivo, además de que la decisión de la comisión de escolarización infringe el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española por lo que se les llevo a juicio, que se produjo en los juzgados de los contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, que dicto sentencia de el derecho de la niña a permanecer en un colegio ordinario y que cuente con educación inclusiva de verdad, no como hasta ahora, donde el colegio entendía por inclusión que la niña pasara las clases en un aula de apoyo consiguiendo así aislarla del resto de compañeros del aula ordinaria.
Ya solo queda esperar que la Administración «restituya la situación de la niña para que pueda volver al colegio con sus compañeros a la mayor brevedad posible».
Precisamente, esta sentencia se produce cuando han trascendido dos casos muy similares, aunque sin relación entre sí que han sacudido recientemente colegios de Málaga y Pontevedra, donde varias familias de estos centros han puesto a sus hijos en huelga (no iban al colegio) para forzar el traslado fuera de sus centros de otros dos menores que, según estos padres, entorpecían las clases e incluso llegaban a poner a sus vástagos en peligro. Los niños señalados tienen 9 y 8 años y ambos tienen necesidades educativas especiales.
